Las Fuerzas Armadas y sus polvorines

Esperamos que sea falsa la acusación del diputado Haro sobre una acción criminal y premeditada en la terrible explosión del polvorín militar de Riobamba, supuestamente realizada con el objeto de encubrir otros actos criminales de ventas de armas y municiones a grupos subversivos colombianos.  Para saber la verdad es necesario que las investigaciones sean transparentes y las explicaciones de lo sucedido aclaren completamente los hechos.  Aunque no hubiera existido algún acto criminal, hay ciertas incógnitas sobre el infausto evento que deben ser aclaradas y acciones que deben tomarse para que nunca más vuelva a ocurrir en nuestro país una desgracia como la ocurrida en la Sultana de los Andes.

No se ha dicho cuáles oficiales estaban a cargo de la operación de inventario y repotenciación de las municiones del polvorín de la Brigada Galápagos.  Siendo profesionales militares debieron tomar todas las precauciones que un trabajo de esa naturaleza exige.  No habría explicación para que en el mismo recinto de almacenamiento se realicen trabajos de cambio de pólvora.  ¿Se utilizaron grúas para tan delicado trabajo o se dependía solo de fuerza bruta?  ¿Por qué entre los muertos militares sólo aparecen reclutas o conscriptos?  ¿Quién estaba a cargo?  Ciertamente en una empresa privada responsable se asigna a un gerente para que dirija operaciones mucho más sencillas como pueden ser los inventarios de mercaderías.  No recuerdo haber leído en las noticias en los últimos años de algún otro ejercito en donde estallen polvorines en tiempos de paz.  ¿Por qué en el Ecuador ocurren dos desgracias similares en menos de cinco años?

Luego del accidente hace menos de cinco años en el sur de Quito, en el cual ya hubo muertos y heridos, grandes pérdidas materiales y traumas sicológicos, no sólo en el cuartel sino también en la población civil aledaña a éste, ¿por qué no se tomaron disposiciones para reubicar los almacenes de explosivos militares?  Se ha dicho que eso cuesta mucho dinero y que las Fuerzas Armadas no cuentan con los recursos para hacer esos traslados.  Sin embargo, nuestra institución militar posee valiosísimos terrenos en nuestras principales ciudades.  ¿Por qué no se urbanizan y venden las hectáreas donde estuvieron ubicadas las instalaciones del Colegio Militar Eloy Alfaro en el centro moderno de Quito?  ¿Cuánto valen esos terrenos?  ¿Y los de la Base Militar de Salinas ubicados entre las Bases Aérea y Naval y que tienen poco uso?  ¿O las propiedades en Cuenca, Riobamba y muchas otras poblaciones en cuyos centros no se justifica que estén ubicadas instalaciones militares?

Estos temas forman parte de los capítulos olvidados en el “Libro Blanco” que hace pocos días han publicado las Fuerzas Armadas.  Si crecen las ciudades sin orden y rodean a cuarteles, éstos deben reubicarse con el producto de la venta de sus propiedades urbanas.  Por otro lado, los inventarios y repotenciación de armamentos deben realizarse con personal especializado bajo el mando de oficiales responsables, bien entrenados y dotados con los equipos necesarios que impidan que otras catástrofes vuelvan a ocurrir.