Llave en mano
Por Benjamín Rosales Valenzuela, . Lectura de 2 min.
En Ecuador en los últimos lustros se ha puesto en práctica, por parte de diferentes gobiernos incluido el actual de Rafael Correa, la construcción de grandes obras bajo la modalidad “llave en mano”, donde generalmente se utiliza el financiamiento de un estado que limita los contratistas a sus empresas nacionales y se relacionan el diseño y la construcción, a veces incluso la fiscalización, a una misma empresa. Este es una muy deficiente forma de contratación de importantes obras de infraestructuras porque no garantiza mejor calidad ni mayor competencia o mejores precios.
Cuando el gobierno del Gral. Guillermo Rodríguez inició, hace más de treinta años, la construcción de grandes represas con los nuevos ingresos petroleros, este fue muy estricto en las practicas contractuales, el financiamiento se conseguía de organismos internacionales, luego de procesos licitaciones se contrataba una compañía para los diseños definitivos y después a la constructora y a la fiscalizadora, que no necesariamente debían ser del mismo país. Paute, Agoyán, Pisayambo, Daule-Peripa fueron diseñadas, construidas y fiscalizadas por compañías italianas, suecas, españolas o brasileras sin relación entre ellas garantizando buena calidad y precios justos.
Los problemas entre el gobierno ecuatoriano y la empresa brasilera Odebrecht por fallas en la construcción del sistema hidroeléctrico San Francisco son en parte causados por ser un contrato “llave en mano”, donde se da más discreción a los constructores en la realización de obras, los que pueden ahorrar en materiales sacrificando calidad. Ojala esto le sirva de lección al gobierno y detenga a tiempo los contratos de ese tipo realizados para nuevas represas hidroeléctricas, refinerías, puentes y carreteras. El proyecto Coca-Codo Sinclair, por ejemplo, sería la mayor obra nacional de infraestructura y esta situado en una zona telúrica por lo que para garantizar su éxito, la compañía que la diseñe tiene que ser prestigiosa y diferente que la constructora.
Producidos los daños en San Francisco, lo justo es que la constructora asuma su responsabilidad, repare los daños materiales y financieros, y que el gobierno defienda sus intereses respetando el derecho de la empresa. La de marras tiene prestigio internacional, solvencia y mucha experiencia en grandes obras. Eso de dictar decretos específicos para expulsar a empresas y sus personeros tiene un feo tufillo dictatorial y demagógico. A más de la calificación como “bravuconada” por parte de un ministro brasilero, el Presidente Lula ha respondido con su habitual prudencia pero con claro rechazo y evidente desagrado ante arbitrarias medidas.
Debe haber más reflexión y sabiduría en las reacciones de Rafael Correa, están en juego vitales relaciones internacionales de la Patria.